Ante el terremoto del pasado sábado 27 de febrero, muchas informaciones relevantes se han perdido en la agenda noticiosa.
Una de ellas es la reunión que sostuvo la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en Florida, Estados Unidos a principios de marzo, donde se contrajeron acuerdos que podrían poner en riesgo a las ballenas del santuario Pacífico Austral.

Enviado por: Paula Correa - Radio Universidad de Chile.

Para las organizaciones medioambientales chilenas, la pasada reunión del llamado “Grupo de Trabajo de la Comisión Ballenera Internacional” debería ser un llamado de atención a la ciudadanía mundial sobre la actual explotación de las ballenas.
Samuel Leiva, coordinador de la campaña ballenera de Greenpeace, explicó que estos acuerdos servirán de recomendaciones para una próxima reunión en junio de este año y puso la alerta sobre una de las proposiciones que se dio en la jornada.

“Lo que ha ocurrido es que algunos países han puesto que se le permita al gobierno de Japón, basado en este subterfugio de la caza científica, ir reduciendo la cuota impuesta por el gobierno  japonés de diez años en adelante. Cosa que para otros países como Chile, están en desacuerdo porque esto podría brindar una suerte de apoyo a la caza comercial”, afirmó Leiva.

Esta propuesta fue generada por doce países conocidos como “el grupo de apoyo de la Comisión Ballenera”, para negociar el futuro de la organización a través de recomendaciones que se harán en la próxima reunión de la CBI a mitad de año en Marruecos.

La propuesta se realizado bajo el mandato del embajador chileno Cristián Maqueira, quien actualmente dirige la CBI. Sin embargo, nuestro país manifestó su categórico rechazo a esta propuesta a través de una carta del anterior canciller Mariano Fernández.

En este documento, Chile se compromete a trabajar por la conservación, el uso no letal de los cetáceos, la mantención de la moratoria y el respeto a los santuarios como el santuario pacífico austral donde Japón realiza la llamada “caza comercial”.

Además, nuestro país integra el grupo de Buenos Aires, que agrupa a los países de América Latina que no están de acuerdo con el texto de recomendaciones y el rumbo que está tomando la organización.

Sin embargo, el peligro de rechazar esta propuesta es que aquellos países que apoyan a Japón amenazan con votar en contra del trabajo que se ha venido haciendo para reformar la CBI hacia un nuevo modelo de conservación de las ballenas.

La directora del Centro de Conservación Cetácea, Elsa Cabrera, manifestó su preocupación por la utilización de influencia de Japón, principal cazador de ballenas, para obtener mayoría en la CBI a través de la compra de votos de países más pequeños, lo que se ha conocido como “diplomacia del arpón”.

“Desde la adopción de la moratoria, Japón ha usado su influencia económica para construir un bloque que lo apoye en la Comisión Ballenera Internacional, directamente conocido como la compra de votos. Dentro de esto se han sumado decenas de países durante las últimas décadas que nunca han tenido ninguna relación con la ballenería, algunos que se encuentran en situaciones bastante críticas, vulnerables y que su soberanía se ve más vulnerada cuando Japón les ofrece programas de financiamiento pesquero a cambio de que se adhieran a la Comisión Ballenera Internacional y que voten a favor de la postura japonesa”, señaló Cabrera.

Cabrera, añadió, que de no ser por este procedimiento los únicos países que tendrían razones para justificar la caza comercial de ballenas serían Islandia, Japón y Noruega.

La aprobación de este texto de “recomendaciones”, por el momento, no implica mayores cambios, sin embargo representa una amenazante dirección hacia la reapertura de la ballenería industrial en aguas internacionales, como señaló Samuel Leiva.

“La negociaciones siguen en el pie que estaba antes, Japón todavía puede argumentar que ellos están cazando de forma científica. Es la forma que está buscando Japón de poder concretizar la casa comercial en aguas intencionales. Esto viola concretamente la moratoria comercial a la caza de ballenas, por lo tanto, si se avanza en ese sentido, evidente que es un retroceso bastante fuerte”, sostuvo Leiva.

Aunque la propuesta afirma que se mantendrá la moratoria sobre la caza comercial, en realidad la medida será levantada por un período de 10 años. Inicialmente, sólo aquellas naciones que actualmente cazan ballenas podrían continuar con este tipo de actividad.

Sin embargo, la Comisión no cuenta con mecanismos para restringir el derecho de otras naciones a entrar en el negocio ballenero. Por lo que no sería extraño que naciones como Corea del Sur y la Federación Rusa, entre otros, pudieran incrementar la lista de potenciales países cazadores de ballenas.

Además, la propuesta no cuenta con ningún mecanismo para reducir y eliminar las operaciones balleneras a largo plazo, evidenciando que su interés estratégico es reanudar de manera permanente la caza comercial de cetáceos.

La  moratoria es uno de los hitos ambientales más importantes en la historia del derecho ambiental internacional y su función es impedir la caza de estos mamíferos acuáticos para evitar su posible extinción en los próximos años.