La responsabilidad social empresarial, incluyendo la preocupación ambiental, es la forma moderna en que las empresas se vinculan con los objetivos del desarrollo sustentable. El ya añejado concepto de “filantropía” no da cuenta de la forma en que las empresas incluyen el interés socio-ambiental en su gestión –interna y externa – convirtiéndose en parte de la visión estratégica de la empresa. La RSE, por su carácter intrínsecamente voluntario, opera fuera del espectro de la regulación obligatoria impuesta por el gobierno y otorga una serie de beneficios tributarios, publicitarios y de legitimidad ciudadana.

La RSE es –y debe ser– un buen negocio. Las empresas abogan por reducir al máximo las regulaciones y ampliar responsabilidad, alegando que una mayor regulación significa que la RSE deja de ser una ventaja comparativa para la empresa. Del mismo modo, la regulación debería ser mínima porque la legislación es inflexible y no permite la adaptación las situaciones concretas, de la manera en que la RSE lo haría. La regulación promovida por las empresas es, evidentemente, la franquicia tributaria.
Esta es la tendencia, pero ¿es suficiente el concepto de RSE voluntaria y premiada tributariamente, en que lo que recibe la ciudadanía son los esfuerzos de las empresas por hacer visibles sus prácticas? ¿Debe la ciudadanía confiar en un balance socio-ambiental generado de manera autónoma? Hacer estas preguntas no es mera desconfianza de la voluntad corporativa de ser responsable, sino que una legítima petición de vigilancia socio-ambiental externa en tanto derecho ciudadano de transparencia.
Sabemos que las empresas prefieren muchas veces simplemente pagar las multas por infracciones a someterse a la ley, en desmedro de intereses ambientales o sociales: violar la ley pasa al ítem “costos”. Sin los escándalos como los de Kathie Lee Gifford / Wal-Mart sobre los sweatshops con trabajo infantil, o en Chile, con la controversial situación salmonera, no habría “incentivos” para que las empresas desarrollaran una estrategia de RSE. Los medios de comunicación cumplen también un rol importante.
Pero hay interesantes ejemplos de vigilancia independiente, que constituyen otra forma de regulación: La Fundación Rugmark certifica desde 1994 a las fábricas de alfombras que no utilizan trabajo infantil en sus operaciones, así como la red Fair Trade etiqueta aquellas mercancías cuya producción y comercio cumple con normas socio-ambientales. En Chile, la ONG Acción RSE convoca a una serie de empresas en una iniciativa de promoción de la responsabilidad social empresarial. La contracara de esto han sido los lamentables casos de corrupción y falta de transparencia como el de la Corporación del Niño Agredido y el escándalo del Consejo de las Américas.
La regulación gubernamental es rechazada y poco eficiente por las empresas, la responsabilidad social empresarial autónoma no es totalmente transparente. Es necesario un rol intermediario de las organizaciones del tercer sector, las ONGs o la sociedad civil, pero estas deben consolidar primero el vínculo de confianza con el gobierno y la ciudadanía. El panorama parece más complejo que la reducción a las fórmulas “más regulación” o “más responsabilidad” (más reglas o más incentivos). Hace poco un sabio y honorable colaborador de Ambient-all me recomendó ver un video sobre la necesidad de promover la antigua virtud de la “sabiduría práctica” –la prudencia–, que permitiría evaluar las situaciones que requieren excepciones a las reglas, facilitando el aterrizaje al mundo real de los preceptos éticos. “Re-moralizar” el trabajo de empresas, gobierno y ONGs, más allá del dominio de las reglas e incentivos utilitarios, aparece como una necesidad para que se establezca una sinergia intersectorial, identificando y persiguiendo los intereses comunes.
El problema de cómo abordar la responsabilidad socio-ambiental de las empresas requerirá enfatizar la competencia virtuosa, reforzar los vínculos de colaboración y confianza entre las empresas, el gobierno, las organizaciones civiles y la ciudadanía en general. Más reglas sin flexibilidad práctica generará desincentivos económicos; más incentivos meramente tributarios sin vigilancia puede devenir en “manzanas podridas” que deslegitimen la conquista que significa para nuestras sociedades el concepto de la RSE.
En este breve comentario no hay contenida ninguna solución, sólo está planteado –y superficialmente– el problema. No hay conclusiones ni recomendaciones. El modesto aporte consiste en que la pregunta inicial se ha reorientado para invitar a nuevos debates que superen la perspectiva de la pura confrontación entre monólogos: ¿Qué tipo de responsabilidad y qué tipo de regulación?
Referencias:

•    ONG de RSE en Chile y las empresas involucradas: www.accionrse.cl

•    ONGs internacionales de certificación socio-ambiental: www.rugmark.org y www.fairtrade.net

•    Documental crítico sobre el poder corporativo con ejemplos internacionales:
www.thecorporation.com o
http://video.google.com/videoplay?docid=-9007907615315517199

•    Video de Barry Schwartz en TED sobre la sabiduría práctica: